Ya no saben cómo gobernar este país
La misión de los policías
Los policías de Guinea Ecuatorial, que siempre se han
aprovechado de los expatriados, haciendo alarde de indumentaria, y a veces,
incluso con armas a mano, han encontrado un perfecto comodín en ese control a
expatriados, como nos cuenta un súbdito senegalés, René, propietario de un
restaurante en el barrio Alcaide “el día que
comenzó ese control, entraron aquí ocho policías, con armas, y nos dieron a
elegir, mi hermano y yo, entre llevarnos presos y pagarles sesenta mil francos.
Y tuvimos que pagar”, unos sesenta mil francos que les llevó tiempo
conseguir, pero que habían acabado, en cuestión de segundos, en los bolsillos
de policías; una práctica que tienen los policías hasta con los propios guineanos,
y no parece importarles a nuestros encargados de la Defensa Nacional y
Seguridad de Estado.
Malabo no cede. La “solución” es la repatriación
El Gobierno de Malabo, a través del ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación, ha emitido un comunicado en el que ha explicado
expresamente la intención que tiene Malabo de repatriar a los expatriados en condiciones ilegales porque, como explica el
comunicado, han violado gravemente la Ley
nº 3/2010, de fecha 30 mayo, reguladora del derecho de extranjería en Guinea
Ecuatorial; una ley que, firmada y sellada por el mismo jefe de Estado,
cuyo preámbulo contempla que atrae a los
inversores del exterior, lo que incide directamente en la promoción e
incentivación de otros sectores productivos por los diferentes servicios que
demandan los inversores (…), generando así la creación de empleos directos e
indirectos. Y por lo visto, nuestro Gobierno cree que los expatriados no
colaboran en la creación de empleo en nuestro país, por lo que, hay que repatriarles.
“Mis hermanos y yo
tenemos documentación, pero no les importa. Vienen, te detienen y te llevan,
para confirmar en su sistema que tengas documentación. Si la tienes, te dejan tirado
en la calle, y si no, te reptarían directamente”, nos cuenta Abou, un súbdito
chadiano, propietario de una abacería en la zona hospitalaria, objeción que corrobora
Saliff, vendedor de ropas en el mercado de Semu “sinceramente no sé qué persiguen esos, si a los indocumentados o a los falsos
documentados, porque yo tengo mis documentos, y estoy alerta. Pueden llegar y
llevarme quién sabe adónde”; una repatriación directa que está respalda por
el artículo cinco del decreto presidencial nº49/2019, de fecha 2 de diciembre,
por el que se regula el Visado de Estancia en Guinea Ecuatorial, como recoge la
página oficial del Gobierno: El visado
otorgado podrá ser anulado en cualquier momento por las disposiciones de los
Ministerios de Asuntos Exteriores y Cooperación, y Seguridad Nacional, sin
previo aviso, entonces, no es de extrañar que esa repatriación haya
comenzado como un simple control de documentación.
Guinea Ecuatorial ha violado sus propias normas
Guinea Ecuatorial, pese a reconocer en su decreto Ley de
visados de estancia que el visado de negocio “se expide a toda persona que acredite que realiza actividades
empresariales y que desea viajar a Guinea Ecuatorial con fines de inversión y/o
intercambio comercial con empresas ecuatoguineanas o con sede social en la
República de Guinea Ecuatorial, u Organismos Públicos. El tiempo de permanencia
será de 90 días prorrogables por otros 90 días”, ha sacado la otra cara de
su moneda en ese mismo decreto, otorgando a los ministerios de Exteriores y de
Seguridad Nacional la potestad de anular cualquier visado, incluso sin previo
aviso, como ya declaró el presidente Obiang en el EPU, en el año 2014 “mi preocupación es, y será, el bienestar de mi pueblo
(…). Los cuerpos de seguridad y orden del Estado deben garantizar estos
derechos y velar por la seguridad de toda la ciudadanía", y al
parecer poco le importa la repatriación a expatriados, ya que eso no repercute
para nada en el nivel de vida de sus ciudadanos, por cuyas vidas dice velar.
Con la adhesión de Guinea Ecuatorial al ACNUR y la Convención
de Kampala en el 2019, el gobierno de Obiang ha afirmado su responsabilidad de proteger, ayudar y
proporcionar soluciones para los desplazados; la misma convención que le
exige al ejecutivo de Malabo acciones nacionales y regionales para prevenir el desplazamiento arbitrario
como recoge el ACNUR; sin embargo, se ha tomado la arbitrariedad de repatriar a
expatriados, con el pretexto de garantizar la “legalidad”.
La repatriación a expatriados significa hambruna para los
guineanos
Basta con circular ahora por las calles de Malabo para darse
cuenta de que está bloqueada gran parte de nuestra actividad económica. “Por ahora no producimos panes. Todo nuestro personal
ha sido detenido. Hasta que no sean liberados, no podremos tener panes”,
nos cuenta África, administradora de la panadería calientes, situada en Semu.
El mercado de Semu, el principal de la ciudad de Malabo, está
prácticamente vacío, por lo que, muchos productos básicos no pueden ser
adquiridos. Los talleres de mecánica, peluquerías, incluso ferreterías, y demás
establecimientos están cerrados. Sus propietarios son expatriados. “Vine a buscar comida, y me atienden desde la
ventana, porque puede verles algún policía y llevarles presos”, nos cuenta
Josefa, a lo que agrega Souleiman, “esa mañana
han entrado policías, como si no fueran molestarme, pero comieron mi comida y
no pagaron. Incluso incitaron a los demás clientes a no pagarme, pero ellos se
negaron”.
Ahora, ¿cuánto tiempo durará la vigencia de ese control a
expatriados? ¿respetará el gobierno los tratados que ha ratificado? Las calles,
que ya se llenaron de basura ya son limpiadas por los policías, ¿será que es el
comienzo de las oportunidades de empleo que darán a los guineanos, para así
solventar los cuatro mil puestos de empleos que prometieron y siguen sin
llegar?
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